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Los dueños también fueron procesados por realizar declaraciones falsas relacionadas con sobornos tras la investigación inicial del DOL

GUAYNABO, PR – Un juez federal ha ordenado que dos restaurantes de San Juan y sus dueños paguen una suma de $31,630 a 19 trabajadores después de que los dueños retuvieran los salarios atrasados que aseguraron al Departamento de Trabajo de EE. UU. que pagarían a los empleados después de que una investigación descubriera que sus prácticas de pago infringían la ley federal.

La sentencia acordada -dictada en el Tribunal Distrital de EE. UU. del distrito de Puerto Rico- sigue la acción de la Oficina del Procurador del departamento y una investigación de su División de Horas y Salarios que comenzó después de que los investigadores identificaran infracciones de la Ley de Normas Justas de Trabajo por parte de Patricio’s Restaurant Inc., en actividad como José José Restaurant, y El Catador D’Abreu Inc., en actividad como El Catador D’Aberu Restaurant, y los dueños Jose Abreu Ramírez y Milagros De Los Santos Gomez.

Durante la investigación, la división descubrió que los empleadores pagaban a algunos de sus cocineros y meseros un salario fijo cada semana, independientemente de cuántas horas trabajaran, y solicitaban a algunos empleados que compraran y mantuvieran sus uniformes, lo cual causó infracciones del salario mínimo y de las horas extras. Además, los empleadores no mantuvieron registros de los salarios y horas de trabajo de sus empleados, como requiere la ley. Al cierre de la investigación, Abreu firmó acuerdos de cumplimiento de salarios atrasados y pagos en nombre de ambos restaurantes, en los que las empresas accedieron a cumplir con la FLSA y pagar los salarios atrasados que se adeudaban, según descubrió la división en su investigación. 

A pesar de dichos acuerdos, varios empleados informaron a la división, un tiempo después, que Abreu y De Los Santos les indicaron que endosaran los cheques de salarios atrasados y firmaran documentos que confirmaban que habían recibido los salarios atrasados que se les debían cuando, en realidad, nunca habían recibido salarios atrasados. En cambio, los empleadores retuvieron los cheques, en violación de la FLSA. Como consecuencia de esta conducta, la oficina del Fiscal de EE. UU. en Puerto Rico presentó cargos criminales en la materia. Abreu se declaró culpable de ocho cargos de falsificación, ocultamiento o encubrimiento de hechos materiales mediante engaños, conspiraciones o estrategias, y se le ordenó que pagara $13,137 de restitución para seis empleados.

“Los trabajadores tienen derecho a solicitar el pago de los salarios que se esfuerzan por ganar, sin miedo a las represalias o a la discriminación por cooperar completamente con la investigación del Departamento de Trabajo de EE. UU.”, explicó el director de distrito de la División de Horas y Salarios, José R. Vázquez-Fernández, en Guaynabo, Puerto Rico. “La Ley de Normas Justas de Trabajo proporciona protecciones laborales esenciales para asegurar que se les pague los salarios que les corresponden por derecho. Los trabajadores que creen que se han violado sus derechos deben contactar a la División de Horas y Salarios con sus preocupaciones”.

Además de los salarios atrasados y las indemnizaciones por daños y prejuicios, la sentencia acordada que obtuvo el departamento prohíbe permanentemente que los demandados realicen infracciones futuras de la FLSA en cuanto a salarios mínimos, horas extras, mantenimiento de registros y represalias, incluido despedir o tomar represalias contra cualquier empleado que ejerza sus derechos en virtud de la FLSA. También les prohíbe que desalienten a los trabajadores a cooperar con las investigaciones federales y requiere que los demandados proporcionen a los empleados un aviso por escrito sobre sus derechos de la FLSA.

Leer la sentencia acordada

“Tanto empleadores como trabajadores deberían saber que le Departamento de Trabajo de EE. UU. tomará las medidas legales apropiadas cuando los empleadores nieguen el salario a sus empleados, los amenacen o discriminen, o desestimen de cualquier forma los requisitos de la Ley de Normas Justas de Trabajo”, dijo el procurador regional de trabajo, Jeffrey S. Rogoff, en Nueva York.

La Oficina de Distrito del Caribe de la División de Horas y Salarios llevó a cabo la investigación original. La procuradora judicial senior Alison L. Bowles de la Oficina del Procurador Regional de Nueva York litigó el caso.

Los trabajadores pueden llamar a la División de Horas y Salarios de forma confidencial para hacer preguntas –sin importar su condición migratoria– y el departamento puede hablar con quien llame en más de 200 idiomas.

Para recibir más información sobre la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés) y otras leyes en vigor aplicadas por la división, póngase en contacto a la línea de ayuda gratuita de la agencia 866-4US-WAGE (487-9243). Obtenga más información sobre la División de Horas y Salarios, incluida una herramienta de búsqueda que puede utilizar si cree que la división le debe salarios atrasados.

Read the release in English.

 

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